En los últimos meses, han visitado nuestro país diferentes artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny o Coldplay para llevar a cabo sus conciertos. Sin embargo, hemos podido ver en diversas noticias que miles de personas no pudieron ingresar al local del evento porque fueron estafadas por los conocidos ”revendedores”. Así, en algunos casos, sus entradas eran falsas o, en otros, vendieron la misma entrada verdadera a cientos de personas. Una característica de estas estafas es que la mayoría de ellas se producen mediante plataformas en internet y redes sociales, por lo que las víctimas, muchas veces, ni siquiera conocen la verdadera identidad de quien los estafó y no saben cómo realizar la denuncia.

Cabe señalar que durante el mes de febrero, se realizarán algunos conciertos, uno de estos es el de Romeo Santos -incluso, son 4 fechas programadas en nuestro país y una de ellas fue el 14 de febrero-. Pero, ¿sabes cómo evitar ser estafado? No te conviertas en la próxima víctima en San Valentín y aprende más sobre este delito.

En principio, la estafa es un delito que está estipulado en el art. 196 del Código Penal. En este se sanciona a quien estafa mediante engaño, astucia u otra forma fraudulenta, con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años. En este sentido, se puede denunciar porque una persona ha pagado o transferido un monto de dinero por su entrada, pero esta ha sido engañada por el vendedor. Cabe recalcar que si existe pluralidad de víctimas -como es el caso de Pamela Cabanillas, quien se hizo conocida por presuntamente estafar a más de 7 mil personas en el concierto de Daddy Yankee-, nos encontramos frente a un supuesto de estafa agravada. Para este delito la pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a doscientos días-multa.

Adicionalmente, se puede denunciar por falsificación de documentos, ya que si te venden entradas falsas, se comete un delito contra la fe pública, el cual se encuentra previsto en el art. 427 CP. Este delito sanciona a las personas que hacen, en todo o en parte, un documento falso o, incluso, que adulteran uno verdadero como es el caso de entradas para eventos. No obstante, sabemos que por la pandemia las entradas para la mayoría de eventos solo se venden de manera virtual, por lo que se adquiere un documento electrónico con un código QR. Ante esto, se ha podido notar que los revendedores se han encargado de copiar estos códigos para vender más entradas y no es, hasta el día del concierto, que uno se da cuenta que ha sido estafado. Pero, ¿estos códigos QR repetidos implican la falsificación de documentos? De ac

En los últimos meses, han visitado nuestro país diferentes artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny o Coldplay para llevar a cabo sus conciertos. Sin embargo, hemos podido ver en diversas noticias que miles de personas no pudieron ingresar al local del evento porque fueron estafadas por los conocidos ”revendedores”. Así, en algunos casos, sus entradas eran falsas o, en otros, vendieron la misma entrada verdadera a cientos de personas. Una característica de estas estafas es que la mayoría de ellas se producen mediante plataformas en internet y redes sociales, por lo que las víctimas, muchas veces, ni siquiera conocen la verdadera identidad de quien los estafó y no saben cómo realizar la denuncia.

Cabe señalar que durante el mes de febrero, se realizarán algunos conciertos, uno de estos es el de Romeo Santos -incluso, son 4 fechas programadas en nuestro país y una de ellas fue el 14 de febrero-. Pero, ¿sabes cómo evitar ser estafado? No te conviertas en la próxima víctima en San Valentín y aprende más sobre este delito.

En principio, la estafa es un delito que está estipulado en el art. 196 del Código Penal. En este se sanciona a quien estafa mediante engaño, astucia u otra forma fraudulenta, con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años. En este sentido, se puede denunciar porque una persona ha pagado o transferido un monto de dinero por su entrada, pero esta ha sido engañada por el vendedor. Cabe recalcar que si existe pluralidad de víctimas -como es el caso de Pamela Cabanillas, quien se hizo conocida por presuntamente estafar a más de 7 mil personas en el concierto de Daddy Yankee-, nos encontramos frente a un supuesto de estafa agravada. Para este delito la pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a doscientos días-multa.

Adicionalmente, se puede denunciar por falsificación de documentos, ya que si te venden entradas falsas, se comete un delito contra la fe pública, el cual se encuentra previsto en el art. 427 CP. Este delito sanciona a las personas que hacen, en todo o en parte, un documento falso o, incluso, que adulteran uno verdadero como es el caso de entradas para eventos. No obstante, sabemos que por la pandemia las entradas para la mayoría de eventos solo se venden de manera virtual, por lo que se adquiere un documento electrónico con un código QR. Ante esto, se ha podido notar que los revendedores se han encargado de copiar estos códigos para vender más entradas y no es, hasta el día del concierto, que uno se da cuenta que ha sido estafado. Pero, ¿estos códigos QR repetidos implican la falsificación de documentos? De acuerdo con la profesora Rommy Chang (2022), esto sería un delito de falsedad genérica (art. 438 CP) -delito residual que sanciona cualquier engaño que pueda causar perjuicio-.

Es importante mencionar que se debe realizar la denuncia respectiva ante la Policía o la Fiscalía. Muchas personas no la realizan porque consideran que no tienen las pruebas suficientes o que no recuperarán el dinero que se perdió. No obstante, las capturas de pantalla de conversaciones (screenshot), depósitos y el registro de las llamadas telefónicas son pruebas que se deben presentar ya que son muy útiles y permitirán avanzar con la investigación. Esto debido a que la Fiscalía puede solicitar información a los bancos, compañías de teléfono y redes sociales para ubicar a la persona que cometió el delito. Igualmente, si el estafador es condenado, se podrá recuperar el dinero perdido más una eventual indemnización.

Finalmente, ESET (2022), compañía de software especializada en ciberseguridad, recomienda no publicar sus entradas una vez compradas en las redes sociales como prueba de su existencia. El problema de la compra a revendedores de entradas radica en que no te brindan las garantías suficientes de compra, por lo tanto, se debería usar una plataforma segura de ventas de entradas como es la que brindan los organizadores del evento para realizar sus ventas. También, se recomienda buscar información sobre el vendedor, evitar las plataformas no confiables y prestar suma atención a todas las condiciones de servicio, envío y políticas de devolución.

El 24 de febrero del 2021, participé en una entrevista organizada por el Taller Magister Juris -la cual comparto en esta entrada-. En ella platicamos sobre diferentes temas como la evolución de la delincuencia cometida a través de entornos digitales y las funciones de la Unidad Especializada en Cibercriminalidad del Ministerio Público. Agradezco la invitación y el interés de los asistentes.

En esta entrada continuaré analizando la importancia de las funciones de dicha Unidad: 

1. Coordinar con las áreas afines para analizar y valorar datos estadísticos de los delitos de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, estafa agravada prevista en el inciso 5 del artículo 196-A del Código Penal, y aquellos casos en los cuales la obtención de prueba digital sea determinante para la investigación con el fin de establecer políticas institucionales que mejoren el trabajo fiscal en la materia.

En el primer semestre del 2020, en el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad iniciamos una ardua labor: Solicitamos información estadística sobre el avance de la ciberdelincuencia en el último quinquenio. Fueron meses complicados, pues algunos distritos no nos brindaron la información solicitada y otros contaban con información deficiente -por ejemplo, no tenían los datos actualizados o presentaban problemas de registro-. Finalmente, pudimos acceder a la estadística central con la que contaba el Ministerio Público. Con ello, realizamos el siguiente análisis:

Contar con información detallada nos permite, entre otros: (1) Identificar el problema, pues no basta saber que cada año se registran más denuncias sino conocer el estado de las investigaciones. (2) Adoptar mejores decisiones, por ejemplo, ¿de qué sirve capacitar a los operadores en litigación oral cuando el problema radica en la investigación criminal -los casos no se judicializan-? (3) Identificar los delitos cometidos con más frecuencia para realizar labores de concientización y prevenirlos. (4) Conocer cómo avanza el fenómeno delictivo por cada ciudad peruana, pues en algunas ciudades se cometen con más frecuencia fraudes informáticos, mientras que en otros, child grooming.

En este sentido, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia acierta al reconocer la importancia de la estadística en la planificación y lucha contra este flagelo delictivo. A modo de recomendación, sugiero que, además, se analicen las carpetas archivadas para identificar los errores cometidos o conocer las razones que impidieron avanzar en cada caso.

2. Coordinar con las Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores a nivel nacional sobre el apoyo necesario para el debido cumplimiento de las funciones asignadas a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Esta función es adecuada; sin embargo, debe ser acompañada de reuniones periódicas para identificar los problemas que no se han superado y los objetivos trazados. Además, el integrante distrital de la Red Especializada debe tener un rol activo y ser el puente de enlace entre la Unidad a la que pertenece y su Presidencia.

3. Coordinar con los organismos estatales y privados afines a la materia de ciberdelincuencia. Esta es una labor muy importante pues se necesita centralizar todo tipo de coordinaciones a nivel institucional para mejorar el tiempo y la calidad de respuesta en las investigaciones criminales. Un ejemplo de trabajo coordinado es la Guía práctica para requerir información a proveedores internacionales de servicios de internet, diseñada por la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público. En ella se explica cómo requerir información a Facebook, Instagram, WhatsApp, Uber, OLX, Microsoft, Airbnb, Paypal, Snapchat, Dropbox, Yahoo y Netflix.

«Ricardo, ¿es cierto que las fiscalías de cibercrimen no investigan cibercrimen?» -me preguntó una muy querida amiga esta semana-. La respuesta es sí -por el momento-. En una entrada anteriorcomenté sus tres primeras funciones. Hoy analizaremos tres más.

1. Elaborar directivas, lineamientos, instructivos, guías u otros, en el ámbito de su competencia, que orienten las investigaciones de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia o los fiscales que se nombren para esta finalidad de los distritos fiscales a nivel nacional. ¿Cómo diseñar la teoría del caso para investigar un fraude informático o un atentado contra la integridad de los sistemas informáticos? Nos encontramos en un proceso de aprendizaje en el que los fiscales necesitan orientación y guía para conducir este tipo de investigaciones; sin embargo, esto no quiere decir que los lineamientos están escritos en piedra pues los fiscales -poco a poco- irán definiendo sus propias metodologías de investigación. Por ejemplo, no es lo mismo indagar sobre child grooming cometido a través de Facebook que a través de un juego on line. Claro, habrán puntos comunes, pero otros tantos que los distinguen.

2. Coordinar con la Oficina de Peritajes el adecuado y eficiente trabajo para el debido cumplimiento de las funciones asignadas a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. En setiembre del 2019, en una de las puertas de la DIVINDAT encontré la siguiente imagen:

Como vemos, hacia fines del 2019, para la extracción de información de dispositivos electrónicos se requería casi un año (279 días) y para el análisis de la información, 83 días. Si tomamos en consideración los plazos de las diligencias preliminares -en casos comunes y complejos-, el éxito de la investigación devenía en utópico. Este anuncio, colgado en una de las puertas de la DIVINDAT, terminaba con el siguiente mensaje: «Se sugiere muy respetuosamente que los requerimientos muy urgentes sean derivados para ser atendidos por el Área de Alta Tecnología del Ministerio Público«. De ahí que se necesite que la Unidad Fiscal Especializada mejore la coordinación con las oficinas de peritaje -sean de la Policía o del Ministerio Público-.

3. Promover la articulación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, con el fin de hacer más eficiente el modelo de coordinación funcional y la dirección efectiva de la investigación fiscal en la materia. Este es un punto central pues no todas las ciudades de Perú cuentan con una unidad policial especializada en la investigación del cibercrimen. Lamentablemente, entre la presentación de la denuncia, la disposición fiscal de abrir investigación preliminar y el inicio de la investigación policial pueden transcurrir meses. En este tiempo, valiosa información se puede perder. Por eso es tan importante mejorar los niveles de comunicación: ¿Por qué esperar que se envíe físicamente la disposición fiscal a la unidad policial cuando puede enviarse digitalmente -por correo o mensaje-? La Unidad Fiscal Especializada tiene un reto muy importante pues deberá mejorar la comunicación que existe no sólo con la DIVINDAT sino con cualquier unidad policial que pueda conocer casos de cibercrimen.

Espero que encuentren útiles estas reflexiones y no olviden comentar esta publicación pues el intercambio de ideas y experiencias es sumamente útil y enriquecedor.

En el 2012, aproximadamente, una gran amiga mía de la universidad fue víctima de suplantación de identidad: Utilizaron sus fotografías para crear un perfil falso en diversas redes sociales, contactar mujeres y realizar intercambio de imágenes y videos íntimos. Luego, exigían dinero para no difundirlos. Denunciamos lo sucedido.

Recuerdo haberme entrevistado con la fiscal a cargo y haberle explicado con lujo de detalles lo que estaba sucediendo. Para mí, dada la cantidad de víctimas que encontramos, era un caso importante y debía ser investigado a profundidad. La fiscal no pensó lo mismo. Dos preguntas así lo demostrarían: ¿Qué es “eso” de Facebook? y ¿por qué denunciamos y no querellamos por difamación? En ese momento supe que no sería una labor fácil. De un lado, tendría que luchar contra lo difícil que era obtener información de las redes sociales utilizadas, y, de otro, reducir la brecha de conocimientos especializados. Si bien esto ocurrió hace casi diez años y, hoy en día, todos estamos familiarizados con dicha red social, el mundo tecnológico avanza tan rápidamente que es difícil seguirle el paso.

En “Luces y sombras en la lucha contra la delincuencia informática en el Perú” (2014), advertí la necesidad de capacitar a jueces y fiscales y que algunos países de la región, incluso, ya contaban con unidades especializadas en cibercriminalidad. Si bien la División de Investigación de Alta Tecnología de la Policía Nacional de Perú se creó en el 2005, sin fiscales especializados, las investigaciones estaban condenadas al archivo. Ante esta ausencia, entre el 2014 y el 2018, la American Bar Association – Rule of Law Initiative -institución que integré como Trainig Coordinator- ofreció diversos cursos especializados en cibercrimen y prueba digital. Además, publicó el Manual de Evidencia Digital (2017), aprobado por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. El objetivo: Sensibilizar a los operadores jurídicos, capacitarlos en la Ley de Delitos Informáticos (2013) y explicar cómo se desarrolla un plan de investigación.

Pese a todos estos esfuerzos, la realidad nos golpeó, pues entre el 2015 y mediados del 2020, sólo pasaron a la siguiente etapa de investigación el 2.13% de fraudes informáticos, el 3.8% de delitos contra datos y sistemas informáticos, y el 0.44% de suplantaciones de identidad.

Hago este recuento para que el lector comprenda cuán necesaria es la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público, creada mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1503-2020 del 30 de diciembre del 2020 y que inició su funcionamiento el 15 de febrero del 2021. En esta entrada analizaré sus tres primeras funciones:

1. Brindar acompañamiento técnico a los fiscales en la realización de la investigación en los delitos de la Ley de Delitos Informáticos, estafa agravada prevista (Art. 196-A.5 del Código Penal), y aquellos casos en los cuales la obtención de prueba digital sea determinante para la investigación. Esta función es importante por dos motivos: (1) Reconoce que la cibercriminalidad no se limita a los ilícitos recogidos en la Ley de Delitos Informáticos y (2) Advierte que existirán casos donde no se investigue un cibercrimen, pero la obtención de la prueba digital sea importante -pensemos en un caso de corrupción, en el que se necesite “allanar la nube”-.
2. Celebrar reuniones periódicas de trabajo con los fiscales integrantes de la “Red de fiscales en ciberdelincuencia a nivel nacional”. El lector debe saber que no tenemos aún fiscales que se dediquen exclusivamente a investigar casos de cibercrimen. La opción adoptada por el Ministerio Público me parece razonable: Establecer puntos de contacto a nivel nacional, para que colaboren con cualquier fiscal penal que conozca un caso vinculado a este fenómeno delictivo. Esto es saludable porque el nivel de incidencia delictiva, a la fecha, no es homogéneo -hay distritos fiscales que en cinco años han recibido apenas una docena de denuncias, bajo la ley de Delitos Informáticos- y otros que han recibido cientos de casos. Concibo esta red como un cuerpo de aprendizaje constructivo y de difusión progresiva. Esto traerá consigo que los fiscales penales, a nivel nacional, adquieran competencias específicas y necesarias para la investigación criminal en entornos digitales.
3. Unificación de criterios en procedimientos y métodos de investigación en materia de ciberdelincuencia: En el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad hemos detectado casos en los que los fiscales tardan más de 200 días para iniciar una indagación o que la única diligencia ordenada es “recibir la declaración del denunciante”. Este tipo de prácticas explican el bajo índice de formalizaciones. Ante este escenario, de manera correcta, la Unidad Especializada unificará criterios y metodologías de investigación con fines pedagógicos; sin embargo, en las capacitaciones debe señalarse que cada caso es distinto y que, en consecuencia, los criterios establecidos no serán rígidos sino únicamente orientativos.

No puedo concluir esta primera entrada sin augurar el éxito de la Unidad Especializada y enviar mis mejores deseos a todos sus integrantes.

“¿Por qué pierdes tiempo enseñándole a las mujeres a litigar?, ¿no sabes que su carácter impide que sean buenas litigantes?” Fueron dos de las preguntas más estúpidas impertinentes que me han hecho. Durante cuatro años fui Training Coordinator del American Bar Association – Rule of Law Initiative, capacitando a más de cuatro mil policías, fiscales y jueces en Perú. En una ocasión, entrevisté a un profesor que quería sumarse al equipo de docentes. No recuerdo la fecha pero sí sus preguntas pues resumen lo que veo en la actualidad: Eventos de capacitación en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral donde sus expositores son hombres. Sólo hombres. Los mismos hombres de siempre y que, en algunos casos, lejos de contribuir a mejorar el sistema de administración de justicia, lo distorsionan. Lo contaminan. Lo pervierten. No hace falta decir nombres. No es correcto. 

Perú sigue siendo un país machista, lleno de estereotipos y de prejuicios. Lamentablemente o no nos damos cuenta o, simplemente, lo ignoramos. Le pido al lector que visite algunos portales jurídicos y encontrará lo mismo. Hombres y sólo hombres capacitando. Ese es el problema: La ausencia de mujeres en las capacitaciones. Seamos sinceros, las hemos invisibilizado y esto no es correcto. Claro, en “su día”, todos los hombres cuelgan mensajes de apoyo por aquella lucha que empezó hace muchas décadas y que aún no concluye. Pero, al día siguiente: Más capacitaciones y sí, impartida exclusivamente por hombres.

Los años que pasé en ABA ROLI significaron para mí un proceso de maduración académica y de profunda reflexión. Conocí a profesoras fenomenales que luchan en sus localidades y países contra un sistema penal perverso pero también contra absurdos prejuicios. Ya es suficiente. Luego de algunos días de reflexión contacté a cinco profesoras y buenas amigas. Les planteé organizar un evento: el I Curso On Line Latinoamericano de Litigación Oral. Todas aceptaron y, desde un inicio, mostraron un profundo compromiso con el proyecto.

La plataforma que emplearíamos tenía una capacidad limitada: 100 personas. Dos horas y media bastaron para que recibiéramos 756 registros. Litigantes, jueces y juezas de toda América Latina querían participar. El resultado: un éxito rotundo. Lógico, contábamos con profesoras brillantes.  

Fueron cinco días intensos y después de una semana sigo recibiendo correos de agradecimiento de l@s participantes. Sé que este proyecto continuará y seguiremos demostrando que el “profesor” de las preguntas con las que inicié esta entrada estaba total y absolutamente equivocado.

Si quien está leyendo esto es un / una organizador/a de eventos académicos, caiga en cuenta del gran problema que genera al mantener un status quo que únicamente consolida estereotipos. Comprométete.

Compañeras, su lucha es nuestra lucha.