La prisión preventiva constituye una de las medidas de coerción procesal más gravosas y controvertidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dado que supone la restricción de la libertad personal, uno de los derechos fundamentales más importantes para el ser humano y su desarrollo en la sociedad. Así, esta figura cobra mayor relevancia si se considera que su aplicación se da en escenarios donde la responsabilidad penal de la persona implicada aún no ha sido determinada mediante una sentencia condenatoria.
Si bien es cierto que la prisión preventiva es una medida de naturaleza cautelar, cuya finalidad consiste en garantizar los fines del proceso penal, no puede desconocerse que su imposición exige ponderar la necesidad de asegurar dichos fines con el respeto al derecho a la presunción de inocencia, el cual se encuentra reconocido en el artículo 2, inciso 24, literal e), de la Constitución Política del Perú, y en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal.
Sobre ello, el Tribunal Constitucional, mediante el Expediente N.° 05112-2022-PHC/TC, ha señalado que la prisión preventiva debe ser considerada como una medida de ultima ratio, cuya aplicación debe limitarse a circunstancias que resulten verdaderamente excepcionales, sobre todo, porque implica una restricción bastante gravosa para alguien que todavía no ha recibido una sentencia judicial debidamente motivada.
Dado su carácter excepcional, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido una serie de presupuestos que deben concurrir para su aplicación. En ese sentido, el artículo 268 del Código Procesal Penal exige, entre otros requisitos, la existencia de fundados y graves elementos de convicción que permitan estimar razonablemente la comisión de un delito y la vinculación del imputado como autor o partícipe; una prognosis de pena superior a cinco años de privación de libertad; y la concurrencia de circunstancias que permitan inferir razonablemente la existencia de peligro de fuga u obstaculización, sin perjuicio de las disposiciones especiales previstas en dicho artículo.
Además de estos requisitos, el juez tiene el deber de justificar debidamente las razones por las cuales considera que dichas exigencias se encuentran cumplidas antes de aplicar la medida, pues la misma no puede responder a una decisión arbitraria, ni desproporcionada. Esta premisa encuentra sustento en el derecho a la debida motivación, el cual constituye una manifestación del derecho al debido proceso y se encuentra estrechamente vinculado con la tutela jurisdiccional efectiva, conforme se reconoce en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.
Por su parte, el Tribunal Constitucional, mediante el Expediente N.° 05112-2022-PHC/TC, ha destacado la importancia de emitir un pronunciamiento rigurosamente motivado, sobre todo, cuando se trata de una medida tan excepcional como la prisión preventiva.Si bien la debida motivación es un deber para toda resolución judicial, corresponde evaluar si dicha exigencia debe analizarse bajo los mismos parámetros cuando se dicta una medida de prisión preventiva y cuando se emite una sentencia condenatoria, considerando que ambas decisiones tienen una naturaleza y finalidad distintas.
Sobre este punto, la Corte Suprema, a través del Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116, ha precisado que la imposición de prisión preventiva exige un estándar de sospecha fuerte, distinto al requerido para emitir una sentencia condenatoria, en la que la responsabilidad penal debe encontrarse acreditada más allá de toda duda razonable, conforme al artículo 393 del Código Procesal Penal.
Esta diferencia también ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional, el cual, mediante el Expediente N.° 00388-2024-PHC/TC, cuestionó la motivación de una resolución que impuso prisión preventiva a un investigado por su presunta vinculación con una organización criminal. Sobre el particular, se consideró excesivo exigir una explicación detallada sobre el rol del investigado y la conformación de la organización criminal, teniendo en cuenta que se trataba de una decisión de naturaleza cautelar y provisional, distinta de una sentencia penal.
En atención a ello, si bien ambas decisiones requieren encontrarse debidamente motivadas, no resulta viable exigir el mismo grado de desarrollo argumentativo para una medida cautelar, como lo es la prisión preventiva, que para una sentencia condenatoria, pues cada una responde a una naturaleza y finalidad distintas. Sin embargo, ello no implica que el carácter provisional de la primera justifique una motivación menos rigurosa, sobre todo si se considera que su imposición supone restringir la libertad personal de una persona cuya responsabilidad penal aún no ha sido determinada judicialmente.
Autora: Melissa Gonzáles
Referencias bibliográficas
Corte Suprema de Justicia de la República. (2019, 10 de septiembre). Acuerdo Plenario N.º 01-2019/CIJ-116. Prisión preventiva: presupuestos y requisitos
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/10/Acuerdo-plenario-1-2019-CIJ-116-Legis.pe_.pdf.pdf
Tribunal Constitucional del Perú. (2025, 28 de mayo). Sentencia N.º 686/2025 (Expediente N.º 05112-2022-PHC/TC).
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/05112-2022-HC.html
Tribunal Constitucional del Perú. (2025, 9 de mayo). Sentencia N.º 0378/2025 (Expediente N.º 00388-2024-PHC/TC).
