Este sábado 17 de octubre tuve la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre ciberdelincuencia y crimen organizado en un evento académico organizado por el Taller Ultima Ratio de la Universidad Nacional de Trujillo. Después de muchos años, fue especialmente grato regresar a esta querida universidad.

En el panel me acompañaron dos especialistas en la materia: el Dr. Lenin Pizarro, especialista en cibercrimen de Trujillo, y el Dr. Estuardo Moreno, quien recientemente publicó la segunda edición de su libro sobre child grooming.

Mi intervención estuvo dedicada a analizar la relación entre la criminalidad organizada y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En primer lugar, abordé los esfuerzos internacionales para fortalecer la respuesta frente a este fenómeno, particularmente a través del Convenio de Budapest y la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia. A partir de estos instrumentos, reflexionamos sobre la tipificación de los delitos contra la seguridad informática, la ausencia de una regulación específica de la falsificación informática en el Perú y los problemas asociados a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, especialmente ante el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial.

También comentamos algunas conductas abordadas por la Convención de las Naciones Unidas, como el grooming, la difusión no consentida de imágenes íntimas y el lavado de criptoactivos, lo que nos permitió reflexionar sobre la necesidad de actualizar nuestra legislación y fortalecer los mecanismos de cooperación internacional.

Asimismo, discutimos la necesidad de mejorar nuestro ordenamiento procesal penal, incorporando herramientas que permitan investigar eficazmente los delitos informáticos, obtener y preservar adecuadamente la prueba digital y fortalecer la cooperación entre las autoridades de distintos países.

Un tema que despertó especial interés, tanto durante la exposición como en la ronda de preguntas, fue la responsabilidad de las personas jurídicas frente a la ciberdelincuencia. El uso intensivo de las TIC y la incorporación de sistemas de inteligencia artificial generan nuevos riesgos que las organizaciones deben identificar y gestionar adecuadamente. Cuando las empresas ignoran deliberadamente vulnerabilidades o defectos de organización, pueden facilitar la comisión de delitos y ocasionar graves perjuicios a la ciudadanía.

En ese contexto, planteamos la conveniencia de abrir el debate sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos informáticos, especialmente cuando su comisión se encuentre relacionada con defectos de organización. ¿Ha llegado el momento de incorporar los delitos previstos en la Ley N.º 30096 al catálogo de delitos que pueden generar responsabilidad para las personas jurídicas conforme a la Ley N.º 30424?

De otro lado, examinamos los esfuerzos legislativos del Perú para enfrentar la criminalidad organizada, especialmente a partir de la Ley N.º 30077 y su relación con la Ley de Delitos Informáticos. A propósito de ello, discutimos una cuestión interpretativa sobre el alcance de los delitos informáticos comprendidos en este marco normativo: ¿debemos limitar su aplicación a los delitos previstos en la Ley N.º 30096 o considerar también otras conductas tipificadas en la legislación penal que presentan una dimensión informática?

En la parte final de nuestra intervención, analizamos algunos casos internacionales que permiten comprender cómo las organizaciones criminales aprovechan las tecnologías para desarrollar sus actividades ilícitas. Uno de ellos fue la operación internacional contra AlphaBay y Hansa Market, dos importantes mercados clandestinos de la dark web. Examinamos las investigaciones que permitieron identificar a Alexandre Cazes, vinculado con la administración de AlphaBay, así como las estrategias utilizadas por las autoridades para desarticular estas plataformas.

Un aspecto especialmente interesante fue la coordinación de las operaciones policiales. Mientras AlphaBay era desmantelado, numerosos usuarios comenzaron a trasladarse a Hansa Market, sin saber que esta plataforma ya se encontraba bajo el control de las autoridades neerlandesas. Esta operación permitió obtener información relevante sobre las actividades ilícitas desarrolladas en ambos mercados.

También abordamos el caso del puerto de Amberes, donde organizaciones dedicadas al narcotráfico recurrieron a personas con conocimientos informáticos para infiltrarse en los sistemas de gestión logística y facilitar la extracción de cargamentos ilegales. Este caso permitió ilustrar cómo las capacidades tecnológicas pueden convertirse en instrumentos al servicio de estructuras criminales tradicionales.

Finalmente, reflexionamos sobre la relación entre la trata de personas y el fraude informático a partir de las operaciones desarrolladas contra centros de estafas en el sudeste asiático. Estos casos muestran una preocupante convergencia entre distintas manifestaciones de criminalidad organizada, en las que las víctimas de trata son obligadas a participar en actividades de fraude mediante plataformas digitales.

El conversatorio también nos permitió intercambiar ideas sobre el delito de grooming, los desafíos que plantea el uso ético y responsable de la inteligencia artificial y, especialmente, el papel que debe asumir la educación superior en la formación de profesionales capaces de comprender y enfrentar las nuevas manifestaciones de la ciberdelincuencia.

Me llevo una grata impresión de este encuentro, particularmente por el interés de los jóvenes estudiantes en investigar sobre ciberdelincuencia y prueba digital. Resulta alentador encontrar nuevas generaciones comprometidas con el estudio de estos problemas y dispuestas a contribuir al desarrollo de respuestas jurídicas frente a los desafíos tecnológicos.

Mi agradecimiento al Taller Ultima Ratio de la Universidad Nacional de Trujillo por la invitación, la hospitalidad y la oportunidad de regresar a esta querida universidad. Espacios como este nos recuerdan la importancia de continuar investigando, compartiendo conocimientos y promoviendo el debate académico sobre los desafíos que enfrenta el Derecho penal en la sociedad digital..